La población palestina en Gaza, sometida por el Estado de Israel a un inhumano bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 12 años, lanzó el pasado 30 de marzo la campaña de la Gran Marcha del Retorno. Cada viernes durante las últimas semanas, la población palestina de la Franja de Gaza ha salido a la calle a protestar pacíficamente para reclamar el derecho que como personas refugiadas tienen a volver a sus hogares, tal y como lo estipula el derecho internacional, en concreto, la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU.

Desde entonces Israel ha asesinado a más de 100 palestinos y palestinas en las protestas semanales, 58 sólo en el 14 de mayo de 2018, y ha herido a más de 12 000, muchas con heridas permanentes para toda la vida.

El Estado Español compra y vende armas a Israel, un país acusado de, entre otras muchas atrocidades, cometer un crimen de apartheid contra el pueblo palestino.

A día de hoy existe un elevado riesgo de que las armas y el material de defensa vendido por el Estado español puedan ser utilizados para cometer crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas.

Asimismo, Israel desarrolla y aplica en sus ataques a Gaza y Cisjordania material y tecnología militar así como procedimientos de represión que luego rentabiliza exportando a nuestros países. Así, convierte a los territorios ocupados en crueles laboratorios de experimentación en los que la población civil palestina sirve como conejillos de indias para el desarrollo de armas y conocimientos que son exportados posteriormente al resto del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa, con el sello promocional de Probado en Combate.

La compra de material y tecnología israelí abarata los costes de su industria de ocupación y represión. Por ello, en primer lugar, esa compra nos convierte en cómplices de su acción criminal. En segundo lugar, la adquisición de su tecnología y asesoramiento implica la importación de procedimientos y doctrinas de seguridad desarrolladas y basadas en la vulneración de los Derechos Humanos y su aplicación en nuestras sociedades, minando nuestro propio Estado de Derecho.

Por todas esas razones, Amnistía Internacional ha reiterado recientemente su llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que impongan un embargo integral de armas a Israel en respuesta a su represión desproporcionada de las manifestaciones multitudinarias celebradas en el marco de la Gran Marcha del Retorno.

De hecho, atendiendo a estos argumentos, en agosto de 2014 el Gobierno del Estado español ya congeló las autorizaciones de venta de armas a Israel, durante la masacre de Israel sobre Gaza conocida como Operación Margen Protector en la que se asesinaron a más de 2000 personas palestinas.

Firma aquí para exigir al Estado español que:

• Se imponga de manera inmediata un embargo militar a Israel por el elevado riesgo de que las armas o materiales de defensa puedan ser utilizados para cometer graves crímenes de guerra o contra la humanidad.

• Se solicite la apertura de una investigación formal sobre estos homicidios y lesiones graves en tanto que posibles crímenes de guerra y garantizar que los autores queden a disposición judicial.

• Se apliquen sanciones a Israel, a nivel de Naciones Unidas, por crímenes contra los derechos humanos.

• Se muestre desacuerdo y condena contra el cambio de embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, vulnerando así el Derecho Internacional.

• Se retire al embajador español de Tel Aviv de la misma forma que ya lo han hecho Turquía y Sudáfrica.

Para adhesiones de colectivos, instituciones y otro tipo de organizaciones escríbenos un correo a boicotisraelbds@gmail.com.

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