Categoría: Actualidad

-Jueces, abogados y catedráticas reclaman que el Gobierno español se sume al procedimiento abierto por el país africano ante la Corte Internacional de Justicia por   vulnerar la Convención sobre el Genocidio

-Este jueves se celebra en La Haya la primera vista del caso, del que podrían salir medidas cautelares para detener la violencia en Gaza

-La petición de los juristas, promovida por la RESCOP (Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina) recuerda la obligación legal de España se sumarse a la demanda, al igual que lo ha hecho ya en el caso de Ucrania contra Rusia

Cerca de 250 juristas reclaman al Gobierno español que se sume a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Las personas firmantes, que incluyen a un letrado del Tribunal Supremo, catedráticas, jueces y abogados, consideran necesario que el Ejecutivo apoye expresamente el caso abierto por vulneración de la Convención Internacional sobre el Genocidio en Gaza, donde han sido asesinadas más de 24.000 personas por el Ejército israelí.

Pedro Moreno, Letrado del Tribunal Supremo; Javier Pérez Royo, Catedrático Emérito de Derecho Constitucional; Ana Manero, Catedrática de Derecho Internacional Público; Xulio Ferreiro, Decano de la Facultad de Derecho de A Coruña, Eduardo Santos, ex Consejero de Justicia del Gobierno de Navarra, Joaquín Urías, Profesor de Derecho Constitucional o los abogados Jordi Palou y Begoña Lalana, son algunos de los nombres que se han sumado a esta iniciativa de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).

Consulta aquí nuestra nota de prensa y aquí la carta con listado de firmantes a fecha 9 de enero de 2024.

La iniciativa sigue abierta, si eres jurista y quieres sumar tu apoyo ¡aún estás a tiempo! 

Firma aquí antes de las 23:30 del 9 de enero del 2024

Hemos elaborado un modelo de carta para que podamos escribir a los partidos políticos de nuestras localidades pidiendo seguir el ejemplo de Sudáfrica y presionar para que el Gobierno español cumpla con “respetar su obligación para prevenir el genocidio”, y realice el embargo de armas al estado de Israel.

Puedes copiar y pegar el texto de abajo y poner el nombre del grupo político al que va dirigido. Además puedes adjuntar los documentos en PDF que encontrarás al final de la carta.

—

A la atención de la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos:

El pasado 29 de diciembre Sudáfrica demandó a Israel por vulnerar la Convención sobre el Genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. España, en vista de sus obligaciones internacionales como estado signatario de la Convención sobre Genocidio, debe adherirse a la iniciativa sudafricana de manera oficial y respaldarla públicamente para que Israel rinda cuentas por las gravísimas vulneraciones de derechos cometidas contra el pueblo palestino.

Se estima que a fecha 4 de enero del 2024, más de 22 000 personas palestinas han sido asesinadas, siendo casi la mitad niños y niñas. Hay más de 55 000 heridos y miles de personas más aún permanecen bajo los escombros. Casi el 90% de la población de Gaza ha sido forzosamente desplazada y se enfrenta a niveles críticos de hambre. La situación es absolutamente demoledora e insostenible y requiere de acciones urgentes y contundentes por parte de la comunidad internacional.

El gobierno Sudafricano, junto con la Plataforma Palestina de ONGs (PNGO) y el Comité Palestino de Organizaciones de Derechos Humanos (PHROC), ha hecho un llamamiento a terceros estados para que se sumen a esta importante iniciativa por las implicaciones que puede tener para salvar vidas palestinas, sobre todo por la petición de imposición de medidas cautelares, que reduciría la capacidad de Israel para seguir desarrollando operaciones militares en la Franja de Gaza. 

España, como estado parte de la Convención sobre el Genocidio y tal como ha recordado recientemente el Comité de Naciones Unidas por la Eliminación de la Discriminación Racial a todos los estados firmantes de la misma, debe “respetar su obligación para prevenir el genocidio”, es decir, tiene la obligación de actuar y esta es una oportunidad única para enviar un mensaje claro: los crímenes de guerra y de lesa humanidad, no quedarán impunes.

La primera audiencia tendrá lugar el 11 y el 12 de enero, por lo que es fundamental actuar con rapidez. Otros países como Malasia o Francia ya han mostrado públicamente sus apoyos al procedimiento. No esperemos más. 

Atentamente, 

(Tu firma)

Aquí puedes descargar un documento en PDF para adjuntarlo.

COMUNICADO RESCOP NOVIEMBRE 2023

La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), coordinadora estatal de organizaciones solidarias con el pueblo palestino conformada por casi medio centenar de colectivos, expone en este comunicado urgente su posicionamiento en el marco del nuevo episodio de genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino iniciado en octubre de 2023.

Desde 1948, la Nakba («catástrofe») es un presente continuo para el pueblo palestino: 75 años de colonialismo de asentamiento, limpieza étnica, apartheid, y, desde 1967, también ocupación militar sionista-israelí en Palestina. Lo que estamos viviendo estas semanas supone una situación de extrema gravedad que pasará a la historia como una de las mayores vergüenzas de la humanidad en el siglo XXI. 

Es crucial recalcar que la relación del régimen colonial israelí con el pueblo palestino está basada en un ejercicio de poder completamente asimétrico y en una violación de derechos sistemática e indiscriminada por parte de la fuerza ocupante. El apartheid israelí se creó y se mantiene a través de crímenes contra la humanidad. La situación insostenible que está sufriendo la población en la Franja de Gaza y en el resto de territorios palestinos ha llevado incluso a la renuncia de Craig Mokhiber, ex director de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien acusa a gran parte de las potencias europeas de ser “totalmente cómplices en un genocidio de manual”. El Estado español está participando también en este exterminio al respaldar las acciones ilegítimas e ilegales del régimen colonial israelí, en un marco de deshumanización y racismo, una vez más, contra el pueblo palestino.

El pueblo palestino lleva resistiendo, a su vez, a un claro y reconocido apartheid desde hace décadas, denunciado en numerosas ocasiones por ONG de relevancia mundial como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Por otro lado, organizaciones como el Comité Internacional de Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud o UNICEF denuncian una crisis humanitaria sin precedentes en la Franja de Gaza. 

La Unión Europea evidencia su hipocresía y su doble moral al mostrar su solidaridad con otros pueblos, mientras lo combina con su silencio y su complicidad respecto al infierno que está sufriendo el pueblo palestino. En menos de un mes, el ejército israelí ha asesinado alrededor de 10.000 personas, de las cuales casi 5.000 son niñas y niños. Además, hay 2.000 personas palestinas desaparecidas. Consideramos escandaloso que Israel siga gozando de impunidad internacional, que no se denuncien sus crímenes ni se le impongan sanciones. Israel está aplicando un castigo colectivo en la Franja de Gaza, lo que incurre, una vez más, en violaciones graves, masivas y sistemáticas del derecho internacional.

La potencia ocupante y de apartheid israelí, con el respaldo de las potencias europeas, justifican los ataques aéreos y terrestres en la Franja de Gaza apelando al “derecho legítimo de defensa”. Sin embargo, en el contexto colonial en el que se enmarca esta situación y tal como se expone en la Convención de Ginebra y numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas -3070 (1973), 3246 (1974), 35/35 (1980), 37/43 (1982) y 45/130(1990)- no existe el derecho de una potencia ocupante a defenderse, pero sí el derecho de un pueblo ocupado a resistir por todas las vías posibles. Además, es deber de la potencia ocupante proteger a la población ocupada, en este caso palestina. Así, consideramos vergonzoso que los dirigentes políticos europeos avalen el discurso israelí sobre su “derecho de autodefensa”, puesto que este no está sólo no está sustentado en el derecho internacional, sino que simplemente, no existe.

El apoyo a la causa palestina es imparable y sigue aumentando en el Estado español y en todo el mundo con una movilización ciudadana excepcional que confronta la inacción de la clase política, especialmente en los Estados del eje euroatlántico. El Estado español es cómplice en este genocidio, ya que presta reconocimiento diplomático, aporta apoyo político y militar y mantiene a Israel como socio estratégico en el marco de la Unión Europea. Mientras tanto, estamos viendo como Estados del sur global, altos cargos de organizaciones internacionales, sindicatos, ONGs y movimientos sociales de todo el mundo están tomando posición y actuando en consecuencia frente al régimen de apartheid israelí, exigiendo que Israel cumpla con el Derecho Internacional y decrete el alto al fuego y el cese de toda violencia indiscriminada hacia el pueblo palestino.

EXIGENCIAS

En el marco de la situación actual y tomando en consideración todos los antecedentes expuestos, desde la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina exigimos al gobierno español que con urgencia tome acción en las siguientes líneas:

 

• Fin permanente a la compraventa de armas y la colaboración militar y de seguridad con Israel. El marco jurídico estatal tiene dos normas que avalan la posición para el embargo de armas: La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y el Tratado internacional sobre comercio de armas (ratificado por España el 17 de marzo del 2014). Los dos textos prohíben la venta de armas a países en conflicto. Existen antecedentes en este sentido: en el marco internacional, el embargo al régimen de apartheid de Sudáfrica contribuyó activamente a su desmantelamiento. En caso de Israel, el estado español suspendió con el Partido Popular la venta de armas al estado sionista en agosto de 2014. 

 

• Ruptura de relaciones académicas, comerciales, culturales, diplomáticas, institucionales y políticas con el régimen israelí a nivel nacional. Además, exigimos que España promueva en la Unión Europea la cancelación del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Israel, el cual sitúa al estado sionista como socio preferente. 

 

• Como parte de la campaña global de BDS, adopción de sanciones económicas a empresas que se benefician de las políticas de apartheid israelí. Igualmente, instamos al gobierno español a promover las sanciones económicas a Israel en los organismos internacionales relevantes, concretamente en las Naciones Unidas y en la Unión Europea. A nivel nacional, exigimos al gobierno que sancione a las empresas españolas que se lucran  de la violación de los derechos palestinos como CAF, COMSA y eDreams. En 2002, en el contexto de la segunda Intifada incluso el ministro de Asuntos Exteriores del partido popular, cuando España tenía la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, llegó a afirmar  que las “sanciones contra Israel son un escenario posible”, y que la Unión Europea estaba discutiendo esta posibilidad. Además, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que solicitaba sanciones económicas contra el Estado de Israel, un embargo de armas a ambas partes y que la Unión Europea “suspendiera inmediatamente” su acuerdo de comercio y de cooperación con Israel. 

 

• Recuperación de la jurisdicción universal con el objetivo de romper con 75 años de impunidad de crímenes contra la humanidad israelíes e iniciar los procedimientos oportunos para llevar a Netanyahu y las autoridades militares y políticas del apartheid y del genocidio israelí responsables de estos crímenes al Tribunal Penal Internacional.

 

• Fin de la ocupación israelí, fin del apartheid y derecho al retorno de la población palestina refugiada. Exigimos que el gobierno español presione al gobierno israelí de tanto de forma bilateral como en el marco de las organizaciones multilaterales pertinentes, concretamente las Naciones Unidas, hasta que estado israelí cumpla el derecho internacional y especialmente las resoluciones 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el derecho al retorno de la población palestina refugiada,  la 242 del Consejo de Seguridad de la ONU que exige la retirada israelí de los territorios ocupados en 1967 y los diversos pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, como el que en 2004 defendió el desmantelamiento del Muro de Apartheid.

 

• Derogación de la Ley Mordaza y fin del racismo institucional. En un contexto de retroceso europeo en el derecho a la libertad de expresión, las manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino que exigen a los gobiernos el cumplimiento de los Derechos Humanos están siendo criminalizadas y penalizadas por leyes autoritarias como la Ley Mordaza. Exigimos su derogación para garantizar el ejercicio democrático de la libertad de expresión. La RESCOP, como parte del movimiento BDS global, se opone a todo tipo de racismo, incluyendo el racismo sionista, el racismo judeófobo y el racismo islamófobo, en este último caso un fenómeno que no deja de crecer en Europa de la mano de la extrema derecha. En esta línea, pedimos el fin del racismo institucional europeo y español y nos sumamos a las demandas de la campaña #RegularizaciónYa. 

 

ACCIONES 

El apoyo internacionalista a la causa palestina es imparable y cada vez más fuerte. La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina lleva trabajando desde la primera década del siglo XXI,  por la defensa del pueblo palestino y el fin de la colonización de asentamiento, del apartheid, de la limpieza étnica y de la ocupación israelí. En la RESCOP mantenemos las diversas vías de acción en el corto, medio y largo plazo en apoyo internacionalista a la causa palestina y así seguiremos movilizadas y coordinadas hasta el cumplimiento de las exigencias mencionadas anteriormente por parte de nuestro gobierno. Dentro de este trabajo destacamos la campaña BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones (herramienta básica de presión internacional nacida de la mayor coalición de la sociedad civil palestina con inspiración en una campaña similar que contribuyó enormemente a derrocar al apartheid sudafricano). 

Anunciamos el lanzamiento de la campaña destinada al gobierno español por el fin al comercio militar con Israel, con el apoyo de todas las fuerzas sociales, políticas y culturales que quieran respaldarla. Tal y como dijo el activista palestino Mohammed El Kurd frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas “El problema no es la ignorancia, es la inacción. La impunidad y los crímenes de guerra no se detendrán con declaraciones de condena y cejas levantadas. Los palestinos hemos articulado en repetidas ocasiones qué tipo de medidas políticas transformadoras deben adoptarse, como boicots de la sociedad civil y sanciones a nivel estatal. El problema no es la ignorancia, sino la inacción”. 

FIN DEL COMUNICADO

Comunicado en castellano: Comunicado_RESCOP noviembre 2023_ PDF en castellano

Comunicado en catalán:  Comunicado_RESCOP_noviembre 2023  PDF en_catalán

Comunicado en inglés: Comunicado_RESCOP_noviembre_2023_PDF en ingles

Comunicado en árabe:  Comunicado_RESCOP_noviembre_2023_PDF en árabe

Carta a Josep Borrell

Comunicado de prensa 29 de agosto de 2022
European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP)

Una coalición de 40 organizaciones de la sociedad civil (entre las que se encuentra la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) de 20 países europeos instan a Josep Borrell, Alto Representante y Vicepresidente de la Comisión Europea, jefe de la diplomacia de la UE, a que cancele la reanudación de las reuniones del Consejo de Asociación UE-Israel previstas para el mes de octubre, en el contexto de la reciente agresión a Gaza y de los asaltos a las oficinas de 7 ONG palestinas de derechos humanos.

A la atención de:

D. Josep Borrell – Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Asunto: Reunión del Consejo de Asociación UE-Israel ante los ataques israelíes a las organizaciones de derechos humanos palestinas

Bruselas, 29 de agosto de 2022

Estimado Alto Representante,

El 18 de agosto, las fuerzas de ocupación israelíes entraron violentamente en las oficinas de siete de las más importantes organizaciones palestinas de derechos humanos, reconocidas internacionalmente por la calidad de su trabajo: Addameer, asociación de apoyo a los presos; Al-Haq, asociación de derechos humanos; Bisan, centro de investigación y desarrollo para comunidades palestinas desfavorecidas; Defensa de los Niños Internacional-Palestina; la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas; la Unión de Comités de Mujeres Palestinas; y los Comités de Trabajadores de la Salud. Han derribado las puertas de las oficinas, confiscado equipos y emitido órdenes militares que declaran el cierre de estas ONG en nombre de la «seguridad en la región y la lucha contra una infraestructura terrorista».

Tras sus últimos ataques a la Franja de Gaza, después de las mortíferas incursiones de su ejército de ocupación en las ciudades palestinas y las oleadas de detenciones en Cisjordania y Jerusalén, las autoridades israelíes vuelven a atacar a las organizaciones que protegen los derechos de la sociedad civil palestina.

Israel lo hace apenas un mes después de que los ministros de la UE dieran luz verde a la reanudación de las reuniones del Consejo de Asociación UE-Israel. Está claro que Israel ha tomado como objetivo a estas ONG, a sabiendas de que el proceso del Consejo de Asociación estaba en marcha.

El cierre de las ONG de derechos humanos, seña de identidad de los regímenes autoritarios, es una negación de los principios fundamentales de la UE. Convocar el Consejo de Asociación UE-Israel e invocar «valores compartidos» entre la UE e Israel mientras este último sigue liquidando grupos financiados por la UE es una afrenta a la UE.

Todo esto ocurre mientras se lleva a cabo un proceso de anexión de facto de Cisjordania, con el desplazamiento forzoso de palestinos en varias partes del territorio (como Masafer Yatta), el socavamiento de la solución de dos estados, el asesinato de palestinos, la consolidación del apartheid y las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos.

En su declaración del 22 de agosto, dijo que «las acciones de Israel son inaceptables».

Las organizaciones de derechos palestinos, sus líderes, activistas y oficinas deben ser protegidos para que puedan llevar a cabo su misión, que es absolutamente esencial para la defensa del pueblo palestino y el avance de la causa del derecho en los foros internacionales. En una muestra masiva de solidaridad, los palestinos han asumido la responsabilidad de reabrir las oficinas de las ONG cerradas por el ocupante. Pero las fuerzas de ocupación podrían volver en cualquier momento.

Ya no es el momento de hacer declaraciones a medias. La Unión Europea debe condenar urgentemente y en los términos más claros los abusos israelíes contra las ONG palestinas y exigir la anulación inmediata de los decretos gubernamentales y las órdenes militares que las atacan desde octubre de 2021.

Es responsabilidad de la Unión Europea tomar todas las medidas de represalia necesarias contra el gobierno israelí para que ponga fin a una política digna de los estados más dictatoriales.

Por lo tanto, le pedimos, como Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que inicie un debate entre los Estados miembros para cancelar la reunión prevista del Consejo de Asociación UE-Israel.

Esperamos su iniciativa y deseamos expresarle nuestra más alta consideración, señor Alto Representante.

Los miembros de la red ECCP

Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados
https://stopsettlements.org/spanish/

Soy un agricultor palestino, poseo una granja en el pueblo de Qira, situado a 50 km al norte de la ciudad de Ramallah. Desde la infancia, cultivaba la tierra con mi madre, ya que vivíamos exclusivamente de ella. Muchos de los árboles que hoy se encuentran en la granja fueron plantados por mi madre y mi padre, mientras que otros los planté con mis propios hijos, ya que pasábamos los fines de semana trabajando en la tierra y disfrutando de sus bondades.

En mi finca hay almendros, higueras y olivos, algunos de los cuales tienen hasta 700 años. De ellos consumimos higos frescos y secos, almendras y aceite de oliva. En la última temporada, produjimos tres toneladas de aceite de oliva de nuestra granja. Durante los años de ocupación israelí, mi granja se vio rodeada de asentamientos ilegales israelíes, construidos en su mayoría en tierras de propiedad privada de los palestinos, a menudo transmitidas por generaciones de agricultores.

Mis conciudadanos y yo sufrimos la presencia de los asentamientos y de los agresivos colonos que han atacado nuestro pueblo varias veces en los últimos años, la última de ellas en febrero de este año. Los colonos atacaron las casas de los agricultores en las afueras del pueblo, rompieron las ventanas de las casas, dañaron los neumáticos de los coches y escribieron consignas racistas pidiendo la expulsión de los palestinos de las zonas de «Judea y Samaria que pertenecen a los judíos», según su afirmación.

Lo mismo ocurre con todos los agricultores de los pueblos adyacentes a mi pueblo, como Kifl Haris y Marda, cuyas tierras fueron robadas para construir asentamientos israelíes. A los agricultores se les impide entrar en sus tierras adyacentes al asentamiento. También sufrimos el robo de nuestras cosechas agrícolas por parte de los colonos, especialmente durante la cosecha de aceitunas.

Sufrimos una gran escasez de agua para regar nuestros cultivos agrícolas, y esta escasez de agua no se debe a la sequía o a la escasez de agua, sino a la injusta distribución del agua por parte de las autoridades israelíes. El agua está a disposición de los colonos de los asentamientos vecinos las 24 horas del día, mientras que a nuestras casas y granjas llega una vez a la semana. Además de que los israelíes nos roban el agua subterránea, nos la venden a precios muy elevados, lo que supone una enorme carga financiera para los agricultores palestinos, de modo que no podemos competir con los productos israelíes de los asentamientos. Aunque los asentamientos ilegales se construyeron en nuestras tierras confiscadas, se nos niega el acceso a ellas, salvo a los trabajadores con permisos especiales de trabajo.

Israel aplica dos sistemas jurídicos diferentes en la misma zona geográfica, favoreciendo a los colonos israelíes en detrimento de los palestinos que viven a sólo unos cientos de metros. Debido a la continua expansión de los asentamientos, me temo que ya no podré entrar en mi granja y cultivarla como antes. Podría acabar anexionada a un asentamiento israelí, en preparación del traspaso de su propiedad a los colonos israelíes.

Por otra parte, nos enfrentamos a dificultades para exportar nuestros productos agrícolas, como el aceite de oliva, fuera de Palestina, ya que la parte israelí, que controla las fronteras y los cruces, impone grandes restricciones a la exportación de productos agrícolas palestinos al exterior, como Europa. Por otro lado, los agricultores colonos israelíes que producen en nuestras tierras robadas gozan de grandes facilidades para exportar sus productos y encuentran en Europa un mercado libre y atractivo que los anima a seguir robando tierras y expandiendo los asentamientos.

Esperamos que Europa deje de importar productos de los asentamientos y promulgue leyes que prohíban la importación de productos de los asentamientos, lo que tiene una gran dimensión financiera y moral para nosotros y puede contribuir en parte a lograr la justicia que siempre se nos ha negado.

*Fareed Taamallah, agricultor, periodista y activista político con sede en la ciudad de Ramallah-Palestina.

 

 

 

 

 

La construcción de colonias y asentamientos ilegales en los Territorios Ocupados es un crimen de guerra. La colonización mata, despoja y expulsa a pueblos enteros. Es hora de imponer una prohibición total del comercio con los asentamientos/colonias establecidos en los Territorios Ocupados y acabar con la complicidad de Europa en ello.

Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados
https://stopsettlements.org/spanish/

Organizaciones y personas vinculadas a la solidaridad en nuestro país, queremos transmitir a la opinión pública y a las Instituciones la gran preocupación que tenemos por la situación de Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española residente en Palestina desde hace más de 35 años, que trabaja como Coordinadora de Proyectos en la organización sanitaria palestina Health World Committees.

Juana ha sido arbitrariamente detenida y encarcelada por el Estado Israelí desde hace ya 10 días y sin que medie ningún cargo concreto, con el argumento de que debe ser interrogada.

La detención tuvo lugar el martes, 13 de abril de 2021, a las 5.45 de la mañana cuando se presentaron en casa de la familia de Juana, en la localidad cisjordana de Beith Sahur, cerca de la ciudad de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados. Tras intimidar a Juana, a su esposo palestino y a su suegra que vive en el hogar familiar, se llevaron a Juana Ruiz Sánchez para interrogarla.

Se trata pues de un larguísimo interrogatorio que aún se prolongará durante tres días más, hasta el lunes, 26 de abril por decisión del juez que lleva el caso. Serán, si el juez no decide prolongarlo aún más, 13 días privada de libertad, sin cargos definidos.

Previamente, en la madrugada del pasado 8 de marzo de 2021, el ejército israelí allanó la oficina central de Health Work Committees (HWC), la organización sanitaria en la que trabaja Juana, en la ciudad de Al Bireh, deteniendo al
Responsable del Departamento de Contabilidad de HWC, Tayseer Abu Sharbak, que continúa en prisión, y llevándose equipos informáticos y documentación relacionada con el trabajo humanitario que HWC realiza en colaboración con
organizaciones internacionales, entre ellas varias ONGs del Estado Español, y con fondos de donantes españoles.

También está detenido Saeed Abbad, que, en la actualidad, no mantiene relación laboral con HWC, pero que fue Responsable del Departamento de Contabilidad hasta hace 2 años. Este Manifiesto pretende también pedir la libertad para ambos que están, igualmente, en detención administrativa.

Estas circunstancias nos hacen sospechar que los responsables de las detenciones buscan demostrar algún tipo de delito vinculado con la financiación de los proyectos que realiza la HWC y que pretenden involucrar a Juana Ruiz en esta acusación.

Los abajo firmantes consideramos que es imposible que los proyectos financiados por la cooperación en nuestro país puedan tener ningún viso delictivo ya que la cooperación española, mayoritariamente pública, obliga a la realización de las actividades previstas y la justificación completa de la financiación de los diferentes proyectos que se han llevado a cabo con nuestro apoyo.

La HWC ha realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales con ayuda de la cooperación de nuestro país. Son actividades como llevar la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el Gobierno Israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar, llevar la salud prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania, realizar campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionada con la salud, con los hábitos sanitarios o con la prevención de las enfermedades más comunes en la zona, atender
gratuitamente al 40% de sus pacientes en las 14 clínicas que tiene la HWC por el territorio bajo la Autoridad Palestina y otras actividades por el estilo que, difícilmente, podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delito.

A pesar de su carácter humanitario y sanitario, o quizá precisamente por eso, la HWC está siendo atacada intermitentemente por el Estado de Israel en una política de represión, desgaste y desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil palestina.

Con este MANIFIESTO:

– Exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez
– Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la organización HWC.
– Exigimos al Estado de Israel su respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos de la población palestina.
– Exigimos al Estado de Israel la reparación material de los bienes dañados y/o confiscados a la HWC, algunos de ellos financiados por la cooperación española.
– Exigimos al Gobierno Español que tome cartas en el asunto y presione cuanto esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato.

Hacemos un llamamiento a todas las personas y organizaciones que luchan por los derechos humanos, en general, y por los derechos del pueblo palestino, en particular, a que se sumen a este Manifiesto y exijan, por este medio, la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez y de sus compañeros de las HWC encarcelados.

Tras el éxito de la cancelación de la Feria militar Electronic Warfare Europe, el movimiento pacifista representado por más de veinte organizaciones antimilitaristas, ecologistas y de solidaridad con el pueblo palestino solicitará al consistorio hispalense que adopte un código ético para regular los eventos, tal y como acordó la ciudad de Liverpool cuando canceló la feria de armas.

En una nota de prensa del pasado viernes 11 de diciembre, el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, declaró la suspensión de la Feria de industria militar Electronica Warfare Europe que había reservado el Palacio de Exposiciones y Congresos de Fibes para mayo de 2021. Este evento había sido cancelado en Liverpool el pasado septiembre. El ayuntamiento de Sevilla dijo que la decisión del gobierno responde a la “no conveniencia de vincular la imagen de la ciudad como gran sede de congresos a un evento polémico y controvertido con repercusión nacional e internacional”.

Celebramos la valiente y coherente decisión que el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido tomar después de escuchar a la sociedad civil organizada que ha mostrado el total rechazo a la Feria de Armas. Un partner de la Feria es la empresa israelí Elbit Systems conocida por vender sus productos como “testados en combate” que significa que el ejército israelí los prueba para ver qué hiere o mata más rápido para luego venderlo al resto del mundo.

 “Esta es una Feria que no debería haber sido aceptada de entrada. No queremos ser cómplices de armas que se usan para reprimir a pueblos oprimidos como el palestino o el yemení. Esperamos que el Ayuntamiento sea consecuente y también cancele la Aerospace and Defence meetings Sevilla 2021, patrocinada por Airbus, empresa que se lucra de crímenes de guerra en Yemen. Esta es una feria que bajo una apariencia industrial encubre un mercado de armas de destrucción y de guerra».” afirma Rosario Granado de Plataforma Solidaridad con Palestina Sevilla, organización miembro de la coalición Plataforma Stop Ferias de Armas. 

En muy poco tiempo, la Coalición Stop Feria de Armas en Sevilla  formada por más de veinte organizaciones antimilitaristas, ecologistas y de solidaridad con el pueblo palestino, había conseguido generar un fuerte oposición social a la feria mediante el webinar “Militarismo y armamentismo en Andalucía y el estado español”,  importante presencia en prensa, coordinandose con partidos locales y escribiendo una carta al alcalde Juan Espadas.

Como ha afirmado el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura esta Feria tendría consecuencias negativas para la ciudad. Ni en Sevilla, ni en Andalucía, ni en ningún lugar del estado español pueden tener lugar ferias de armas.

La decisión tomada por el Ayuntamiento de Sevilla le aleja de la derecha y la extrema derecha que defiende el negocio de la muerte y el lucro económico a costa de los derechos de personas en territorios ocupados. Esperamos que ante los ataques que vendrán de la extrema derecha el Ayuntamiento se muestre firme ante su decisión tomada.

La Plataforma Stop Feria de Armas exige que las instituciones públicas, y en concreto el Ayuntamiento de Sevilla, adopten un código ético que prohíbe ferias de armas en espacios públicos como la “Aerospace and Defence meetings” en Sevilla  prevista para el 2, 3 y 4 de febrero de 2021 y la Feria internacional de defensa y seguridad prevista para el próximo 3, 4 y 5 de noviembre de 2021 en el Ifema en Madrid.

CAF ampliará y operará el tren ligero de Jerusalén que unirá los asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado

31 destacadas organizaciones de derechos humanos, redes y sindicatos de Palestina y Europa han entregado a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra un informe que pide la inclusión de Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) en la base de datos de la ONU de negocios involucrados en la estructura ilegal israelí de asentamientos por el papel de CAF en la expansión y operación de tren ligero israelí (JLR) en Jerusalén. El propósito del JLR es de fortalecer la presencia de asentamientos en la ciudad ocupada y anexionada de Jerusalén. Las organizaciones que firman el informe incluyen Amnistía Internacional España, Al-Haq, Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), 11.11.11, CNCD-11.11.11, NOVACT – Instituto internacional para la acción no-violenta, European Legal Support Center (ELSC), The Rights Forum,  Transnational Institute (TNI) y War on Want.

La base de datos de empresas involucradas en la estructura ilegal israelí de asentamientos se publicó en febrero de 2020 y contiene una lista de 112 empresas israelíes y multinacionales que incluye Shapir, el socio israelí de CAF en el JLR. La ACNUDH tiene el mandato de actualizar la base de datos anualmente. En 2016 y 2017 el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU dictó la ilegalidad del JLR, diciendo que “viola claramente el derecho  internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”.

El informe conjunto entregado a la ACNUDH dice que “el JLR contribuye de manera importante al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes en Jerusalén Este por su función de conectar los asentamientos y facilitar la movilidad entre ellos y fortalece la anexión ilegal de la ciudad así consolidando la anexión por parte de Israel de territorio ocupado palestino en violación del derecho internacional”. Maha Abdallah del Cairo Institute for Human Rights Studies dijo “Para llevar a cabo el proyecto en la ocupada y anexionada Jerusalén Este, CAF está involucrada en la violación grave y sistemática de los derechos humanos más fundamentales de la población palestina”. Abdallah añadió que “La construcción de la “Línea Roja” (del JLR) ya existente ha conllevado la expropiación importante de propiedad palestina. La “Línea Verde”, por su parte, llegará al asentamiento de Gilo entre otras colonias ilegales, cuya existencia y crecimiento priva a la población palestina del acceso a su tierra y recursos”. Por este motivo la ACNUDH tiene la obligación de cumplir estrictamente con su mandato, actualizando anualmente la base de datos de la ONU de manera que se incluyan empresas involucradas en la estructura ilegal israelí de asentamientos – tal como rige su mandato del Consejo de Derechos Humanos en la  resolución 31/36 de 2016. Wesam Ahmad, Coordinador de Derechos Humanos y Negocios de Al-Haq, dijo: “La base de datos es una herramienta importante para exponer la estructura de incentivos económicos que ha permitido que una ocupación militar mute en una situación de colonialismo contemporáneo y el papel de empresas como CAF, debe incluirse en la actualización anual ”.

Giovani Fassina, Director de Programa del ELSC, dijo: «La operación continua de CAF en el TPO es ilegal según el derecho internacional. Al anteponer los intereses comerciales a los derechos de los palestinos que viven bajo una ocupación prolongada e ilegal, CAF ha optado por anteponer las ganancias a la humanidad. Espero que al incluirlos en la base de datos de la ONU, CAF escuche el llamado de la sociedad civil y se retire del proyecto JLR ”.

En febrero de 2020, 70 colectivos vascos lanzaron una campaña llamando a CAF a retirarse del JLR. Hace dos semanas, colectivos de todas partes de Euskal Herria – en Iruñea-Pamplona, Bilbo-Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San-Sebastián – se manifestaron para exigir que CAF deje de construir el JLR. Kepa Torrijos de Sodepaz, una de las organizaciones vascas firmantes, comentó “Los grupos en Euskal Herria estamos trabajando incansablemente para poner fin a la complicidad vasca con el apartheid israelí. Estamos trabajando estrechamente con sindicatos dentro de CAF quienes, desde el inicio, pidieron a la empresa que no participara en la licitación. El comité de empresa de CAF en Beasain ha pedido a CAF que se retire del proyecto. Y estamos  en contacto con grupos en toda Europa que están trabajando para que CAF sea excluida de licitaciones públicas hasta que termine su participación en el apartheid israelí”.

Organizaciones de derechos humanos del estado español, sindicatos en Noruega y grupos de la sociedad civil en el Reino Unido están llamando a la exclusión de CAF de contratos públicos en sus países por estar construyendo el JLR.

El martes 15 de diciembre de 2020 activistas israelíes paralizaron la construcción del tren ligero de Jerusalén en el asentamiento de Gilo. Llevaban una pancarta que decía “CAF: Bájate del tren del apartheid israelí” e hicieron un llamamiento a CAF a retirarse del proyecto JLR.

 

Lista completa de firmantes: 

1.     11.11.11
2.     Al-Haq
3.     Amnesty international Spain 
4.     Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
5.     Belfast Trades Union Council 
6.     Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
7.     CNCD-11.11.11
8.     Comité Solidaridad con la Causa Árabe  
9.     Craigavon Trades Council 
10. European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP)
11. European Legal Support Center (ELSC)
12. European Trade Union Network for Justice in Palestine
13. Fagforbundet – Norwegian Union of Municipal and General Employees
14. ICAHD Finland 
15. Mundubat
16. Northern Ireland Public Service Alliance (NIPSA) 
17. Norwegian People’s Aid
18. Norwegian Union of Railway Workers 
19. NOVACT – International Institute for Nonviolent Action. 
20. Palestinian Center for Human Rights (PCHR) 
21. Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) and its members: 

• Al-Haq, Law in the Service of Mankind.
• Al Mezan Center for Human Rights
• Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
• Palestinian Center for Human Rights
• DCI – Defense for Children International – Palestine
• Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center
• Aldameer Association for Human Rights
• Ramallah Center for Defense of Liberties and Civil Rights
• The Independent Commission for Human Rights (Ombudsman Office) – Observer Member
• Muwatin Institute for Democracy and Human Rights – Observer Member

22. Paz con Dignidad 
23. Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
24. Sodepaz
25. SUDS
26. The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) 
27. The Rights Forum
28. Transnational Institute (TNI)
29. Union syndicale Solidaires
30. War on Want
31. Women in Black (Vienna) 

CAF se queda fuera del megacontrato de RENFE y lo gana Alstom

• El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó en febrero de este año una lista de 112 empresas que se lucran en los asentamientos en la Cisjordania ocupada por Israel contraviniendo las leyes internacionales. Entre ellas están Alstom y la socia de la empresa de ferrocarriles, CAF, la empresa israelí Shapir.

• Antes de la resolución de concursos ferroviarios, diferentes asociaciones se dirigieron al ministro Ábalos y al director de Renfe señalándoles la inconveniencia de que las empresas como Alstom o CAF tuvieran legitimidad para presentarse a ningún concurso dado sus malas prácticas y vulneración de las normas internacionales.

La francesa Alstom y la suiza Stadler, ambas con fábrica de trenes en España, han ganado el mayor de los concursos de renovación de flota promovidos por Renfe: el contrato de 2.726 millones para el suministro de 211 trenes de Cercanías de gran capacidad (2.270 millones), sus piezas de parque y el mantenimiento de primer nivel durante 15 años.

En julio los profesores David Bondia, Juan Hernández Zubizarreta y Ferran Izquierdo, expertos en derecho internacional enviaron una carta a la junta directiva de Renfe pidiendo que no se contrate a CAF mientras esta trabaje en territorio ocupado palestino violando el derecho internacional. La carta apoyaba un informe legal preparado por el European Legal Support Centre donde se argumenta que las instituciones españolas pueden excluir a CAF y deben considerar hacerlo con empresas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos. Los tres expertos en derecho internacional publicaron un artículo posteriormente con este análisis legal. 

Un centenar de personas mandaron emails  a la Dirección General de Renfe en octubre diciendo que la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA, (CAF) y sus filiales y otras compañías como Alstom deberían ser excluidas de todos los concursos por «falta profesional grave».

En noviembre 18 organizaciones de derechos humanos pidieron al ministro de transportes José Luis Ábalos que restrinja los contratos a empresas como CAF o Alstom mientras vulneren la legislación internacional y los derechos humanos mediante su rol en la estructura de asentamientos ilegales israelíes. 

Desde RESCOP damos la bienvenida a que CAF no gane contratos públicos mientras se lucre del apartheid israelí. Esperemos que CAF reciba el mensaje que debe bajarse del tren del apartheid israelí. Pero es inadmisible que el contrato se de a Alstom que se encuentra en la base de datos de la ONU de empresas trabajando en los asentamientos ilegales israelíes. Nos preocupa gravemente que el gobierno español siga ignorando el derecho internacional. El gobierno español debería apoyar la actualización de la base de datos y adoptarla como propia conforme con las obligaciones vinculantes del derecho internacional que exigen que todos los estados no reconozcan ni ayuden a la política ilegal de ocupación y anexión israelí en los Territorios Palestinos Ocupados.

Seguiremos movilizándonos para acabar la complicidad empresarial con el apartheid y colonialismo israelí y para que el gobierno español cumpla con sus obligaciones de derecho internacional en defensa de los derechos del pueblo palestino. 

 

La campaña de Espacios Libres de Apartheid Israelí que BDS lleva a cabo en el estado español sigue avanzando a paso firme y en tan solo una semana se han sumado diversas entidades de protección animal demostrando su compromiso contra todas las opresiones.

Durante la semana previa a la celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la campaña ELAI ha recibido varias adhesiones de colectivos que luchan a diario por los animales. El primero ha sido el Santuario Salvando Peludos un espacio dedicado a rescatar animales que son desechados por la industria cárnica y que da a sus “refugiados” un lugar donde vivir tranquilamente.

“Tenemos muy claro que luchamos contra todas las opresiones. Nuestro trabajo diario nos hace estar al lado de los otros animales, pero no nos olvidamos de los pueblos que luchan por su libertad”, dice parte de su declaración ELAI.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por SANTUARIO SALVANDO PELUDOS (@santuariosalvandopeludos)

Sumado a ellos otro santuario, multiespecie Mis Amigas Las Palomas MALP, también hizo pública su declaración ELAI con un mensaje contundente: “Esta campaña que en Madrid promueve @BDSmadrid es compatible con nuestros valores en defensa de la Libertad, Dignidad y los Derechos de todos los seres vivos”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por MisAmigasLasPalomas MALP (@mis_amigas_las_palomas)

El Santuario gallego Vacaloura también mostró su apoyo al pueblo palestino y se declaró ELAI: «En Vacaloura loitamos contra a opresión que se exerce sobre os animais, mais dun xeito transversal contra todas as opresións. Por iso, hoxe, queremos manifestar a nosa solidariedade co pobo palestino e sumámonos á inciativa de boicot, desinversión e sancións (BDS) promovida pola sociedade civil palestina», refieren en su cuenta de Instagram.

Cada año en noviembre, en el estado español se realiza la manifestación antiespecista que busca combatir la discriminación moral de los individuos por pertenecer a otra especie. Esta importante Asamblea (Noviembre Antiespecista) también se se declaró ELAI uniéndose así al Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. “Desde Noviembre Antiespecista aprovechamos para hacer pública nuestra posición y decirle a la sociedad palestina que estamos con ella. Que nuestra posición es en contra toda injusticia. Ignorar o silenciar aquellas voces que están siendo discriminadas, encarceladas, bombardeadas y asesinadas, ya no es no tomar posición, es otra cosa mucho peor”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Noviembre Antiespecista (@noviembreantiespecista)

En ese mismo sentido se pronunció la Asociación Madrileña Antiespecista AMA, otra entidad que hace activismo en las calles para visibilizar la tortura y opresión de los otros animales. “Desde AMA nos unimos a la campaña de Espacios libres de Apartheid Israelí ya que como espacio interseccional tenemos muy claro que luchamos contra todas las opresiones”.

Entidades estudiantiles y establecimientos

A inicios de mes las compañeras que llevan la campaña en la Universidad Complutense también recogieron las adhesiones de 16 entidades estudiantiles a las que se les entregó el diploma acreditativo de Espacio Libre de Apartheid Israelí.

Y para cerrar noviembre espacios de venta de comida también se han declarado ELAI en Madrid. Como La Guatona, un bar chileno que tiene las cosas muy claras. “Por nuestra firme adhesión a los DDHH universales como bar nos negamos a comprar, vender o mantener relaciones comerciales con empresas o instituciones que se benefician directa o indirectamente de la ocupación que hasta el día de hoy ocurre en Palestina”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Karin (@la_guatona_madrid)

Mi Cabra Vegana, tienda online y el bar Il Morto Che Parla (Madrid) han sido otros de los espacios que se han declarado ELAI.

RESCOP: 29 de noviembre, día de solidaridad con el pueblo palestino: “Derechos no cumplidos, promesas incumplidas” y acción para cumplimentarlos

El día 29 de noviembre fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1977, día internacional de solidaridad con el pueblo palestino, este año bajo el lema limitado de “Derechos no cumplidos, promesas incumplidas”, Este lema de las Naciones Unidas implícitamente señala las carencias. No se dice nada de qué acciones hay que realizar y por quién para cumplimentar derechos y promesas. Este día nos sirve para hacer una reflexión sobre la situación en la que se encuentra el pueblo palestino, la implementación del derecho internacional y el trabajo realizado y por realizar para la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional en Palestina.

En este sentido, comprobamos que la colonización de tierras palestinas sigue creciendo; la expulsión de los palestinos de sus hogares, la represión y el encarcelamiento de niños, mujeres y hombres es una constante de la política sionista; los refugiados palestinos ven deteriorada su situación y crece su número; los palestinos del 48 -a ambos lados de los límites administrativos de la potencia ocupante- sufren la discriminación; persiste el bloqueo medieval -ya 14 años- en la palestina Gaza; y el desplazamiento de colonos sionistas a territorio palestino sigue aumentando. Todo esto ocurre porque lo ejecuta Israel pero con la complicidad de muchos gobiernos. En el caso concreto europeo, la Unión Europea no sólo mantiene acuerdos comerciales y de otro tipo, incluyendo compra y venta de armas, sino que facilita la ocupación y la represión, comerciando con los asentamientos ilegales de Cisjordania o facilitando que sus empresas se lucren con la ocupación, como sería el caso de la compañía de seguros AXA o la española Construcciones y Auxiliar del Ferrocarril, CAF en la construcción de un tranvía entre Jerusalén y las colonias próximas.

Ante los planes de normalización de la ocupación y que la Fuerza sea la que amolde las relaciones internacionales y el derecho internacional, enfrentándose a la desidia y complicidad de los gobiernos -estatales, autonómicos o locales-, personas y entidades solidarias estamos construyendo espacios libres de apartheid; logrando que en los concursos públicos solo puedan participar empresas que respeten los derechos humanos y la legalidad internacional; participando en las labores de difusión de Boicot, Desinversiones y Sanciones, para que la ciudadanía asuma que el respeto a los derechos humanos, la legalidad internacional están por encima del lucro de empresas o la sumisión a ideologías supremacistas, como el sionismo.

A pesar de todas las dificultades, la represión que sufren los palestinos, las carencias económicas que sufren los refugiados y las actuaciones de normalización de diferentes gobiernos aliados con la potencia ocupante de hacer que la ocupación sobre Palestina no se vea, no se combata, las personas y entidades solidarias no vamos a cejar en nuestro compromiso por la justicia y el respeto al derecho internacional. Vamos a seguir creando Espacios Libres de Apartheid; vamos a trabajar con empresas y entidades que defiendan el derecho internacional; vamos a estar atentos a las actuaciones de nuestros gobiernos locales, autonómicos y estatal para que sean coherentes en la defensa de nuestros propios derechos, que pasan por el apoyo al derecho internacional; y a seguir trabajando en la solidaridad con el pueblo palestino.

¡Actuemos! Aumentemos nuestra solidaridad y nuestro compromiso para lograr una Palestina libre, donde todas las personas puedan vivir con los mismos derechos y obligaciones y para ello hay que luchar contra el sionismo y la potencia ocupante.

RESCOP

Foto: Jewish Voice for Peace-New York City at UN.

La mañana del jueves 26 de marzo de 2020, alrededor de las 7:30 a.m., funcionarios de la Administración Civil de Israel en Cisjordania llegaron con una escolta militar de jeep, una excavadora y dos camiones de plataforma con grúas a la comunidad palestina de Khirbet Ibziq en el norte Valle del Jordán y confiscaron postes y láminas destinadas a formar ocho carpas, dos para una clínica de campo y cuatro para viviendas de emergencia para residentes evacuados de sus hogares, y dos como mezquitas improvisadas.

La fuerza ocupante también confiscó un generador de energía y sacos de arena y cemento. Se quitaron cuatro paletas de bloques de hormigón destinados a los pisos de las carpas y se demolieron otras cuatro.

Mientras el mundo entero lucha contra una crisis sanitaria sin precedentes y paralizante, el ejército de Israel está dedicando tiempo y recursos a hostigar a las comunidades palestinas más vulnerables en Cisjordania que Israel ha intentado expulsar del área durante décadas. Cerrar una iniciativa comunitaria de primeros auxilios durante una crisis de salud es un ejemplo especialmente cruel del abuso regular infligido a estas comunidades, y va en contra de los principios humanos y humanitarios básicos durante una emergencia.

A diferencia de las políticas de Israel, esta pandemia no discrimina en función de la nacionalidad, el origen étnico o la religión. Ya es hora de que el gobierno y los militares reconozcan que ahora Israel es responsable de la salud y el bienestar de los cinco millones de palestinos que viven bajo su control en los Territorios Ocupados.

Además de la impactante destrucción de la clínica en construcción, la Administración Civil continúa su rutina de demolición. Hoy, demolió tres hogares estacionales de granjeros que son residentes de Jerusalén, en el pueblo de ‘Ein a-Duyuk a-Tahta, al oeste de Jericó.

Antecedentes sobre las comunidades palestinas que enfrentan expulsión:

Decenas de comunidades de pastores agrícolas, hogar de miles de palestinos, se esparcen en el 60% de Cisjordania designada como Área C. Durante décadas las autoridades israelíes han seguido una política destinada a expulsar a estas comunidades haciendo intolerables las condiciones de vida en un intento de hacer que los residentes se vayan, aparentemente por su propia voluntad. Esta conducta ilegal está motivada por la ambición política, declarada públicamente por varios funcionarios, de establecer hechos sobre el terreno y hacerse cargo de estas áreas en una anexión de facto que facilitaría la anexión real a Israel como parte de un acuerdo de estatus final.

Tomado de la web de El Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados B`Tselem

IJAN (International Jewish Antizionist Network en España) es un colectivo formado por compañeros y compañeras judíos de diversas ascendencias. Algunos descienden del exilio forzoso de la España inquisitorial, otras de familias diezmadas durante el genocidio nazi. Una compañera es hija de un superviviente del gueto de Vilna que arriesgó su vida junto a otros intelectuales judíos para salvar libros sagrados y profanos de las numerosas bibliotecas otrora existentes en esa ciudad de las garras nazis. Como colectivo, estamos orgullosos y sobretodo somos respetuosos de nuestras culturas sean estas: judeoespañolas, judeoarabes o ashkenazi. En toda esa diversidad, reflejamos la comunidad judía de este país.

Por lo tanto, queremos manifestar nuestra posición con respecto al proyecto, anunciado por el alcalde Martínez-Almeida, de establecer un Museo Hispano-Judío en el edificio que dio cobijo durante dos años al colectivo de la Ingobernable.

En primer lugar, consideramos loable la recuperación de la memoria y la difusión del legado sefardí. Sólo podemos entender esa recuperación desde el rechazo de cualquier limpieza étnica pasada y presente, sin distinción. La memoria sefardí no debiera separarse, por lo tanto, de la memoria de otros expulsados, olvidados en el relato del Museo propuesto, como moriscos musulmanes entonces y palestinos de toda creencia hoy.
En segundo lugar, constatamos que ese proyecto implica la cesión del edificio público a una fundación privada cuyo Comité Ejecutivo es presidido por D. David Hatchwell, ex−presidente de la comunidad judía de Madrid, con la vice-presidencia de D. Alberto Ruiz Gallardón, exministro, presidente de la Comunidad de Madrid y Alcalde de Madrid por el PP.

En este punto, el Ayuntamiento reincide en el intento de privatizar este bien público cediéndolo a fundaciones cercanas a los dirigentes del partido como en su momento hicieron la alcaldesa Botella a la Fundación Ambasz, con un resultado tan negativo como el hecho de que el edificio estuviera cerrado e inutilizado durante 5 años (y el Ayuntamiento pagara por recuperarlo).
Como en el caso Ambasz, la fundación beneficiada carece de los antecedentes de gestión cultural esperados para la gestión de un museo. Sin embargo, si cuenta con experiencia en especulación urbanística: D. Hatchwell es también presidente del grupo Excem, multinacional inmobiliaria vinculada al fallido proyecto especulativo Eurovegas del ultraderechista y sionista radical estadounidense Sheldon Adelson. (1)

La necesidad de que esta cesión se ve cuestionada, además, por el hecho de que ya existe una institución pública, el Centro Sefarad-Israel, en cuyo patronato participa el Ayuntamiento y ubicado en un edificio municipal en plena calle Mayor, ya dedicada a los fines propuestos para este Museo.

En tercer lugar, el hecho de que D. David Hatchwell es también co-fundador de ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), entidad de guerra jurídica (lawfare) dedicada a perseguir y criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino de nuestra ciudadanía e instituciones, genera dudas sobre los fines del Museo propuesto, que podría servir de plataforma para la difusión de propaganda que justifica la ocupación y la colonización ilegales de Israel y la injerencia de su gobierno contra la legítima solidaridad con los DDHH del pueblo palestino.

En cuarto lugar, no es baladí recordar que esa cesión se hace posible por la expulsión del mismo edificio del colectivo Ingobernable y otros movimientos sociales de la ciudad. Miles de personas participaron mensualmente en cientos de actividades sociales y culturales llenando de vida ese espacio entre 2017 y 2019. Fuimos testigos entonces del profundo compromiso antirracista, igualitario e inclusivo del proyecto Ingobernable, en cuyas actividades participamos con orgullo. Es su claro compromiso antifascista (y no ninguna fundación vinculada a la ultraderecha española e internacional que ha cambiado el antisemitismo por el odio anti-inmigrante, la islamofobia y el apoyo al sionismo) el que asegura el bienestar de judíos y gentiles, que nunca más haya lugar en nuestras sociedades para discriminaciones, limpiezas étnicas y holocaustos.

En consecuencia, nosotras, como judíos y judías decimos alto y claro que ni esta fundación ni su presidente ni su proyecto nos representan. Sí, somos diversas. Sí, somos parte de los movimientos sociales que se cobijaron en la Ingobernable. Sí, apoyamos los DDHH de los palestinos. Sí apoyamos al BDS como estrategia de lucha antirracista y anticolonial contra el apartheid impuesto por Israel. Sí, somos antisionistas. Sí, amamos nuestras culturas y reivindicamos nuestras identidades judías.

No a la privatización del edificio de la Ingobernable, entregándolo a Gallardón y Hatchwell. No a la especulación urbanística y a la destrucción del patrimonio arquitectónico de Madrid.
Contra TODA discriminación, exclusión y limpieza étnica: NO rotundo al racismo, la judeofobia/antisemitismo, la islamofobia, la gitanofobia, la misoginia y la homofobia.

LA INGOBERNABLE PARA SUS VECINAS Y TODA LA CIUDADANÍA DE MADRID.

1. “Tengo el gusto de conocer personalmente a Santiago Abascal, Ivan Espinosa de los Monteros y a Rocio Monasterio de Vox y quiero decir alto y claro como judío español que Vox NO es una formación anti-semita. Es más, debo explicar que el ideario publicado por el partido y las declaraciones públicas de sus dirigentes sólo pueden ser calificadas como democráticas y respetuosas con la libertad religiosa amparada por nuestra Constitución. Vox admira la lucha del estado judío por su seguridad y es solidaria con los retos existenciales de los judíos españoles. Cercanía por la que se ha enfrentado públicamente a los verdaderos ultraderechistas y neonazis que les han atacado por ello. … Sé que no me equivoco al decir que el PP, C’s y Vox no son formaciones intoxicadas por el ‘buenismo’. Apuestan por el futuro de España sobre la base de nuestra civilización Judeo-Cristiana en el que la santidad de la vida humana y la defensa de la libertad es central. Es cierto que los judíos españoles hemos estado seriamente preocupados por fenómenos de extremismo y antisemitismo en Nuestro país. Pero estos no han venido de un partido próximo a los judíos como Vox, sino de Podemos y sus grupos afines… Me siento esperanzado de que esos partidos que expresan un patriotismo constitucional desacomplejado cuenten con serias opciones en las elecciones de este domingo 28 de abril. Fuente : https://a-com.es/un-judio-rechaza-los-infundios-contra-vox/

Asimismo, el diario El País informó en 2014 que D. David Hatchwell se encontraba entre los 15 donantes más generosos para la campaña electoral del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la que contribuyó con 9.000 euros según el documento divulgado por la Intervención General de la Administración del Estado de Israel (Fuente: https://elpais.com/internacional/2014/12/23/actualidad/1419356802_116308.amp.html- diciembre 2014).

Michael Warschawski, traducido al castellano por Catherine Germann
Veterano activista israelí anticolonialista, ex prisionero político y cofundador del Centro de Información Alternativa.

Las luchas de liberación nacional siempre han tenido sus presos políticos, considerados por la potencia colonial como terroristas, pero héroes a los ojos de su pueblo, quienes a menudo fueron jefes de Estado después de liberarse de la opresión colonial. Las huelgas de hambre de los presos políticos han estado en muchas ocasiones en el centro de las luchas de liberación nacional, con el reconocimiento de su estatus como presos políticos,  incluso como prisioneros de guerra, como principal reivindicación. Recordemos por ejemplo la gran huelga de los presos irlandeses en Long Kesh, en 1981, que provocó la muerte de Bobby Sand y de 9 de sus compañeros.

Los presos políticos palestinos han tenido también sus grandes huelgas de hambre, como la de Naf’ha en 1981, y sus víctimas, muertos de hambre o de las secuelas de una alimentación forzada realizada por personal incompetente.

A diferencia de los presos irlandeses o argelinos durante la ocupación colonial francesa, los presos palestinos no exigen los privilegios de presos políticos o de prisioneros de guerra, tal como quedan reconocidos por el derecho internacional. Exigen tener los mismos derechos que los de presos de derecho común. En efecto, contrariamente los derechos comunes, los seis mil presos políticos palestinos no tienen derecho a la educación, ni a la visita de familiares que no son de primer grado; las citas con sus abogados se hacen detrás de un cristal; y no tienen acceso a un teléfono para hablar con sus familiares. A diferencia de los derechos comunes, nunca tienen permisos (incluso después de 20 años de detención) y no tienen derecho a tener relaciones sexuales con sus esposas.

Y lo peor es que los pocos derechos que los presos palestinos han conseguido gracias a sus luchas y a numerosas huelgas de hambre se consideran favores, que a menudo se les quitan colectivamente por razones que no tienen nada que ver con su comportamiento en prisión, sino dentro del marco de represalias cuando la Autoridad Palestina no es suficientemente dócil a los ojos del gobierno israelí de turno. Benjamin Netanyahu a utilizado este medio de presión con frecuencia, y de hecho, desde hace diez años los derechos de los presos han sido sistemáticamente recortados,  retrocediendo a la situación de hace 30 años.

Hace 21 días ya desde que más de 1500 presos palestinos decidieran dejar de alimentarse para exigir una mejora de sus condiciones de detención. El número de huelguistas aumenta todos los días, hasta el punto de que parece que la unidad de los presos de las diferentes facciones, en particular de Hamas y Fatah, se ha logrado. Esta unión ha sido posible gracias a Marwan Barghouti, dirigente de Fatah en prisión y autor del « Documento de los Presos » que ha sido refrendado por los dirigentes de todas las facciones encarceladas y que sirve de referencia para una estrategia unitaria en la lucha de liberación palestina.

Los portavoces del gobierno israelí y los periodistas que están a su servicio manifiestan que la huelga actual es solo un medio utilizado por Marwan Barghouti para consolidar su liderazgo en Fatah como eventual sucesor de Mahmoud Abbas. Si creen lo que dicen a diario, es que no saben nada de la vida de los presos políticos en las cárceles israelíes, y hasta qué punto es difícil organizar una huelga de hambre que moviliza a centenares, incluso miles de presos pertenecientes a facciones políticas diferentes.

La huelga tiene un objetivo compartido por todos: recuperar los derechos elementales que habían conseguido a lo largo de las décadas anteriores, y que Netanyahu y su ministro de la policía, Gilad Erdan, les han quitado con el cínico eslogan de que “la prisión no es un campamento de verano”.

La situación de los presos políticos palestinos se ha convertido en una situación insoportable. Netanyahu tendrá que oír a los presos o enfrentarse a una huelga asesina, con todo lo que esto supone a nivel local e internacional. A nosotros nos incumbe presionar al gobierno israelí a ceder antes de que haya victimas. Es, más que nunca, la hora de la solidaridad con los presos políticos palestinos en lucha.